La clave para saber si el presidente Andrés Manuel López Obrador violó el secreto fiscal, al dar a conocer contratos privados de la empresa de la senadora panista Xóchitl Gálvez, será determinar la forma mediante la que obtuvo la información el mandatario.
Así lo aseguró Miguel Ángel Tavares, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) durante una entrevista con Aristegui en Vivo en la que dijo que el secreto fiscal está regulado en el Código Fiscal de la Federación desde 1938 y ha sufrido modificaciones hasta 2014.
“Fue construido como una manera de garantizar la salvaguarda de los datos que aporta un contribuyente en el cumplimiento del mandato constitucional, que es pagar los impuestos”.
Por lo tanto, la norma establece en términos generales que el personal oficial que intervenga en diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias “estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades”.
En ese sentido, existe una sanción para los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus facultades violen este secreto fiscal.
Precisó que en el caso de la revelación de datos de la senadora Xóchitl Gálvez, no se da en el contexto del ejercicio de las facultades de recaudación por parte de la autoridad fiscal.
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Otro elemento a considerar es que la tutela de los datos confidenciales no solamente está dirigido a las personas físicas, sino también garantiza los derechos constitucionales a las personas morales.
Además, si se confirma la violación del secreto fiscal no solo involucraría a las disposiciones en la materia, ya que no es derivado de un acto de fiscalización, sino de un acto distinto.
En ese sentido, el Código Fiscal sanciona en su artículo 97 a los funcionarios o empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones revelen información a terceros, en contravención al secreto fiscal.
Esto acarrearía multas que van de entre los 200 pesos y que podrían llegar hasta los 150 mil para el funcionario público.
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No obstante, Tavares recordó que esta violación también estaría vinculada a la vulneración del artículo 166 de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que garantiza el derecho de las personas a la confidencialidad de sus datos sensibles, como es el caso.
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